Carta a la senadora Sonia Rocha Acosta.* ¿MÉXICO NECESITA DIPUTADOS Y DIPUTADAS QUE SEAN SOLAMENTE LICENCIADOS? No lo creo.

J. A. Ramírez del Valle, Carta a la senadora Sonia Rocha, Auctoritas non veritas   PDF

JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DEL VALLE

* Nota del autor: esta carta, además de su publicación, se envió electrónicamente al correo de la funcionaria (sonia.rocha@pan.senado.gob.mx) y de manera física a su oficina legislativa en la Ciudad de México. Estamos a la espera de su pronta respuesta.

 

Recientemente la senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de reforma constitucional, amén de acreditar la licenciatura con título y cédula como requisito sine qua non, para ser diputado(a) federal.[1] A continuación, expongo mis motivos en contra de esta iniciativa y el porqué de mis razones, a partir de tres argumentos centrales.

Senadora, hoy hay un debate (que se antoja interesante, pero que se presenta parco) sobre la edad y la escolaridad de los representantes de la ciudadanía en el Poder legislativo y, en general, sobre la preparación y la experiencia de la clase política y gobernante del país. Argumentos sobran: cuestionamos su juventud; ponemos en tela de juicio su capacidad a partir de su experiencia y, ahora, evaluamos sus competencias en función de su historial académico. Como mexicano, creo que no es cosa menor entrar de fondo a este debate en particular y —por qué no– buscar mejorar la calidad legislativa de nuestros funcionarios públicos —a quienes, en teoría, les pagamos por representarnos y velar por los intereses colectivos de las mayorías, sin descuidar a las minorías. Es simple: ¿es necesario contar con candidatos preparados para el cargo de diputado? Evidentemente. Sin embargo, ¿podemos afirmar que un nivel o grado académico superior lo garantizará? La verdad, no. Me permito explicar mis razones.

La realidad, Sonia, es que la sociedad mexicana, en su conjunto, está tan harta de una clase política mediocre o funesta que opta por rechazar todo lo que huela a o emane de lo político.[2] El grado de descontento y de desconexión existente entre sociedad y clase gobernante es tal, que hoy criticamos lo bueno y lo malo por igual, muchas veces sin el menor sentido crítico. Lo lamentable de esta situación generalizada es que muchos se desvinculan y pretenden aislarse de una realidad que, para bien o para mal, terminará por afectarles, se quieran enterar o no sobre los asuntos de la cosa pública. Aunque, evidentemente, no todo es negativo; afortunadamente y para bien, contamos con legisladoras y legisladores interesados en mejorar la eficiencia y el desempeño legislativo en favor de las mexicanas y los mexicanos; sin embargo, la propuesta presentada por usted no es la manera.

Partiré concediéndole que es una acción digna de reconocer la búsqueda de una representación profesional y adecuada, mejor preparada, probablemente más capaz, y digna de un gobierno a la altura de las circunstancias. Eso es, sin duda, lo que merece nuestro país y lo que esperamos de ustedes, todas y todos en México. Yo personalmente también estoy harto de muchas situaciones que no escapan del espectro legislativo. Me indigna bastante, por ejemplo, la corrupción, el absentismo, la apatía legislativa para proponer iniciativas de ley o reformas, la pobre calidad en los debates, la ineficiencia en el uso de los recursos, los gastos excesivos o innecesarios en la Cámara Baja y en la Alta, sus ‘regalitos’ de fin de año, sus groseros aguinaldos, sus «bonos» de casino, sus vales de gasolina, los moches, las prebendas para apoyar cierta iniciativa en favor del grupo patrocinador, etc. En fin, la lista es larga… En este sentido, le pregunto: ¿en verdad cree que eso se combate con la supuesta garantía que representa un título universitario?

 

Comenzaré con mi primer argumento: Un grado académico superior no garantiza una legislatura eficiente ni mucho menos una buena gobernanza.

Con todo respeto, me parece un tanto ingenuo creer que un diploma universitario o una cédula profesional, garantizan en sí un nivel de responsabilidad tal en el servidor público, que descarten, ipso facto o casi por default, cualquier acto de corrupción; o bien, que esto represente una seguridad casi infalible sobre su conducta o desempeño con altos estándares morales. No se trata, para nada, de demeritar la instrucción universitaria; es un hecho, la universidad es un crisol de valores que coadyuva a la formación de ciudadanos y ciudadanas de bien y de profesionistas capaces y competitivos. Sin embargo, cuando analizamos la deontología de la formación profesional con la realidad, no hay nexo causal lógico entre un título o una cédula y la infalibilidad inexistente en la condición humana.

Lo anterior, en virtud de que la rectitud, como la virtud, la moral o el profesionalismo, son cuestiones personales y no necesariamente un aprendizaje universitario. De no ser así, ¿cómo poder explicar los casos de corrupción de “n” políticos mexicanos que no sólo cuentan con licenciatura, sino hasta con maestría y doctorado? No olvidemos las sabias palabras de Lord Acton: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Evidentemente, han sido varios los servidores públicos que han vencido frente a sus ambiciones personales, en aras de mayor acumulación o de mayor poder. Y, de igual forma, seguramente habrá otros quienes, sin estudios universitarios, hayan sido dignos representantes de sus electores o comunidades, sin necesidad de hincharse los bolsillos con el dinero del pueblo.

Con esto no estoy diciendo que los políticos con estudios de grado o postgrado son los “malos” o los que tienden a rascar la corteza del erario, y que los que no tienen un título son en su totalidad nobles y honestos. En sí, resulta inaudito suponer que porque un ciudadano o una ciudadana egresó de “tal” universidad (pública o privada, nacional o extranjera), por antonomasia será un buen funcionario.

Pensemos un poco. ¿Es posible determinar la manera y el lugar en dónde se obtuvo tal grado y en cada caso? No sólo estoy hablando de la posibilidad de obtener uno falso o de comprarlo, sino la manera en que podemos medir o evaluar el proceso de obtención del mismo, durante un período legítimo en una universidad real. De ser así, ¿qué institución u organismo sería el encargado de revisar dicho proceso? No se trata de revisar sólo el registro de cédulas profesionales o de consultar con la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino de garantizar que, en efecto, el proceso universitario, en su conjunto, haya sido honesto y de calidad. ¿Podríamos entrevistar a los profesores de aquellos aspirantes a diputado(a) —si aún viven— para que, bajo protesta de decir verdad, nos digan si en su opinión profesional cuentan o no con la capacidad para tal cargo? Y de ser así, ¿podríamos confiar en ellos? Pareciera una reducción al absurdo, pero, honestamente, la propuesta amerita cuestionamientos de tal índole para medir la viabilidad de la misma.

Hay quienes también, por un lado, erróneamente creen que a partir de una medida de esta naturaleza aseguraremos que las curules estarán ocupadas por personas letradas —es decir, que no habrá “analfabetas” legislando—; y, por el otro, que un diploma de grado al menos evitaría que lleguen a ser diputados y diputadas personas sin conocimientos particulares sobre los asuntos que deberán tratar en su gestión legislativa. Usted lo dijo claramente en su discurso frente al pleno del Senado el pasado siete de marzo:

Al contar con esta preparación académica, las atribuciones de los diputados tendrán una mayor calidad, para cumplir con la representación adecuada para todos los ciudadanos, ya que la educación superior nos abre diversos panoramas, para poder comprender mejor las necesidades de nuestros ciudadanos, y con ello poder poseer soluciones eficaces, eficientes, en cuanto a diferentes rubros de la sociedad, tanto científicos como sociales que hoy se requieren.

No sé usted, senadora, pero yo le pregunto, de los quinientos diputados y diputadas y ciento veintiocho senadores que conforman el Legislativo federal en México, ¿cree que todos(as) son o deberían ser expertos en temas energéticos, constitucionales, globales, medioambientales, fiscales, político-electorales, democráticos, económico-laborales, tecnológicos, culturales, etc.? Huelga decir que no podemos pretender que así sea. No nos confundamos, lo anterior no significa que un legislador no deba estar empapado de esos y otros temas, así como de las consecuencias políticas, jurídicas, económicas y sociales de las cuestiones a discutir tanto en el pleno cuanto en las comisiones; pero es ingenuo pensar que un legislador conocerá a fondo todos y cada uno de estos temas sólo porque cursó una licenciatura o una ingeniería. ¿Pues qué no existen asesores legislativos para la investigación, redacción, creación y corrección de textos, como ayuda para los y las diputados(as)? Concedo, no obstante, que un legislador, independientemente de su rubro, área de especialidad, experiencia o formación académica, debe saber de lo que habla y defiende; no obstante, es irrisorio esperar que sea un experto en todos los temas que apremian la agenda nacional. Creo, Sonia, que la pericia mental y el conocimiento no se garantizan en un promedio de excelencia en la universidad o en un título, per se, al menos no de manera exclusiva. Y, finalmente sobre este punto, ¿qué pasa si por alguna razón no pudiste graduarte? Si terminaste tu carrera, pero ésta está trunca por alguna circunstancia, ¿ya no puedes ser legislador por la falta de ese trámite? ¿Haber terminado tu carrera en cuanto a formación y créditos, pero no tener el título o la cédula te hace menos capaz como legislador, senadora?

 

Mi segundo argumento trata sobre el peligro de incurrir en violaciones graves a los principios más básicos de la democracia, a partir de una medida que se vende como un recurso que «mejorará» la calidad de la democracia en México.

Como usted seguro bien sabe, senadora, una democracia se caracteriza no sólo por un gobierno electo por la mayoría, sino también por la representación garantizada de las diversas minorías, así como por un sistema de transparencia, contrapesos, apertura a la crítica, libertades y garantías mínimas, etc. En este sentido, es el deber ser de toda democracia garantizar el acceso a las esferas del poder (en cualquier nivel y orden de gobierno) de los distintos grupos étnicos que forman parte de la población mexicana. Así, otra incógnita a resolver es cómo se garantizaría la representación que por derecho tienen los grupos de la sociedad, de los cuales el Estado no alcanza muchas a veces a garantizar su formación educativa.

Exigir un nivel de estudios universitarios —así sea una licenciatura— para poder ocupar un cargo de representación popular, pone en mayor riesgo de exclusión política a la población más vulnerable y rezagada en materia educativa, tecnológica y social. Asegurar la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es una prerrogativa que todo Estado tiene; por lo tanto, el imponer una medida restrictiva en la que no todos pueden tener el derecho a representarse a sí mismos y a sus comunidades, constituiría un grave y sensible atentado a la representación de grupos indígenas, pueblos originarios y otras minorías étnicas que no podrían legislar en favor de sus pueblos. En otras palabras, su propuesta limitaría el acceso a la representación popular y proporcional de grupos incapacitados para velar por las necesidades de sus agrupaciones y sociedades. ¿Dónde está el avance democrático de esta medida?, me (y le) pregunto. ¿Acaso, ellas y ellos no tienen derecho?

Si la ley demandara ya no el doctorado, tan sólo la licenciatura como mínimo, dejaríamos sin el derecho de ser votados a integrantes de estas poblaciones que, por regla casi general, difícilmente tienen acceso a la educación superior en nuestro país. Le pongo un dato sobre la mesa: hasta 2009, de los veintiocho distritos indígenas, se contaba con la representación de diecisiete diputados indígenas en el Congreso de la Unión.[3] En contraste, hoy no es posible conocer una cifra exacta sobre el número de diputados indígenas que hay en el Legislativo federal, considerando que su propuesta de reforma es sólo una iniciativa, no algo positivo o en vigor. ¿Cómo poder explicar una democracia completa, real y funcional sin la debida representación de minorías? O dígame usted, ¿cuántos indígenas e integrantes de los pueblos originarios en su estado (Querétaro) cree que tienen licenciatura?

 

Lo anterior, me lleva a mi tercer y último argumento: la posibilidad de generar una clase política oligárquica y reducida.

Para todos aquellos que creen que es una buena idea exigir como mínimo un grado universitario para aspirar a ser diputado federal en México, les invito a reestructurar su planteamiento  e ir al fondo del asunto. Como muestra, un botón de la compleja y difícil realidad nacional, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en México, por cada diez jóvenes que ingresan a la educación superior para obtener un grado de licenciatura, solamente cinco logran obtener su cédula profesional; esto quiere decir que sólo el 50% de estudiantes se gradúan de licenciatura.[4] Lo anterior, tomando en cuenta que, de acuerdo con estudios de la SEP, por cada cien niños y niñas que entran a la educación primaria, solamente entre trece y diecisiete alumnos y alumnas logran terminar la licenciatura.[5] Es decir, la oferta sería mínima frente a la demanda.

No nos confundamos, no se trata de que, como las estadísticas en materia de egresados de educación superior son alarmantes y con tendencia a la baja, no debamos ni merezcamos como sociedad aspirar a legisladores más preparados o a mejorar estas mismas cifras —que es una obligación para el bien nacional en cuanto al desarrollo humano y económico, en tanto un imperativo categórico y deber del Estado.

No obstante y por todo lo anterior, su propuesta, aunque deseable, valerosa, revolucionaria y modernizadora, no sólo es prematura, sino es también inviable. Haga usted cuentas. Muy probablemente, ni siquiera llenaríamos toda una legislatura en ambas cámaras (porque no todos los licenciados se quieren dedicar a la política, ¿o sí?) o, bien, estaríamos repitiendo la misma limitada clase política (que cumple con las prerrogativas que su propuesta conlleva). Dicho de otra manera, su iniciativa de reforma constitucional, pudiera resultar en mayor concentración del poder en manos de muy pocos privilegiados —actualmente, ya concentrado en familias y grupos fácilmente identificables.

Con esto se correría el riesgo de incurrir en una oligarquía partidista o legislativa mediante el intercambio intercameral de la mismas personas —eso sí, muy licenciadas—, en un círculo pernicioso con una concentración del poder grande y prolongada; un riesgo latente que, lejos de ser benéfico para el sistema político electoral del país, sería perjudicial.

 

Entonces y en suma, ¿por qué me quedo con un no rotundo a su iniciativa?

Porque un título universitario no es sinónimo o mayor garantía de legisladores más honestos; es un “no” definitivo porque las tentaciones del poder son iguales para cada persona en el poder —hombres y mujeres por igual, de cualquier edad, carrera, escolaridad, origen o circunstancia. Robar, delinquir, ser un político corrupto o un servidor público ineficiente o incapaz, no es un acto propio o exclusivo de la longevidad, o de un contexto social, o económico en específico, o del grado escolar que ostentemos, sino de una patología o falta de consciencia en el ser humano; son valores y éstos, más que la universidad, los aporta la familia, la sociedad, los medios y las ganas de amar a México.

Es un rechazo total y absoluto porque en este país de copiosas desigualdades y exiguas oportunidades, el derecho a participar en política y de velar por los integrantes de una comunidad debe ser de todas y todos, no de unos cuantos privilegiados —sean éstos de una institución de educación superior pública o privada, favorecidos al fin—; pues, sépalo, en este país, el contar con una carrera universitaria no es un derecho, es, prácticamente un lujo que no todos se pueden dar, en virtud de la prevalencia de otras necesidades. Necesidad y condiciones que ustedes, los legisladores, deben ayudar a cambiar, no a perpetuar.

Lamentablemente, no vi mucho contenido o soporte material, estadístico y académico en su propuesta, o al menos el contenido de fondo no está disponible aún en Internet; por lo cual, apelando al espíritu de su partido de entrar al debate constructivo, como ciudadano, la invito a conversar y a responder esta carta.[6]

 

Quedo de usted, a la espera de su respuesta (como obligación constitucional) y de sus argumentos.

 

Atentamente,

C. José Alberto Ramírez del Valle.

 

 


NOTAS

[1] Se puede consultar esta iniciativa en el enlace siguiente: http://www.pan.senado.gob.mx/2017/03/aspirantes-a-diputados-deben-acreditar-licenciatura-con-titulo-y-cedula-profesional-senadora-sonia-rocha-acosta/. Consultado en abril de 2017.

[2] Concebido así en los términos más puros de Carl Schmitt.

[3] Sonnleitner W. “La representación legislativa de los indígenas en México: De la representatividad descriptiva, a una representación de mejor calidad”, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, pp. 38 a 42.

[4] Lilián Hernández, Sólo 5 universitarios de cada 10 se titulan”, Excelsior, 7 de enero de 2015. Revisado el 12 de mayo de 2015 en: http://goo.gl/XemiVN

[5] “13 de cada 100 niños que entran a la primaria terminan una licenciatura”, Unión Guanajuato, 5 de julio de 2014. Revisado el 12 de mayo de 2015 en: http://goo.gl/JtnbDf.

[6] De igual forma, lo hago con base en el artículo 8° constitucional, sobre el Derecho de Petición.


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